Parece absurdo que un país se cite a los ciudadanos a las urnas para que voten rechazando la corrupción, pero en Colombia, luego de la negativa de los congresistas de reformar asuntos sobre sí mismos que inducen a prácticas corruptas, un grupo de ciudadanos liderados por el Partido Verde, especialmente por Claudia López, lograron sacar adelante la convocatoria para la Consulta Popular Anticorrupción, un mecanismo de participación ciudadana que pretende obligar al Congreso a acatar los puntos votados por los colombianos.

El próximo 26 de agosto tenemos la oportunidad de manifestarnos en las urnas en contra de la corrupción y, entre más alto sea el número de colombianos que salgan a votar, el mensaje para la clase política será contundente: la sociedad se cansó de la corrupción, está dispuesta a hacerle un seguimiento más riguroso a la actividad política, está cansada de que unos pocos se aprovechen de los recursos públicos y de que se perpetúen en el poder.

La Consulta Popular Anticorrupción fortalecerá la democracia participativa establecida en la Constitución de 1991 ya que, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, decidirá sobre asuntos de interés público. En ella se contemplan 7 puntos, también denominados mandatos, que se resumen de la siguiente manera:

1. Reducir el salario de los congresistas y establecer 25 SMLMV como máxima remuneración
de los altos funcionarios del Estado.

2. Castigar a los corruptos prohibiéndoles contratar con el Estado y eliminar los beneficios de reclusión especial, es decir, establecer que las personas condenadas por corrupción cumplan sus penas en la cárcel.

3. Establecer como obligatorios los pliegos tipo para la contratación en las entidades públicas y reducir la contratación a dedo.

4. Obligar a realizar audiencias públicas para que la ciudadanía participe y ayude a priorizar el presupuesto de los entes territoriales.

5. Obligar a los congresistas a rendir cuentas cada año sobre su asistencia a las plenarias, su votación y gestión.

6. Que los funcionarios públicos elegidos por voto popular estén obligados a publicar sus declaraciones de renta, bienes y pago de impuestos. Se pretende que la publicación de esa información sea un requisito para que puedan posesionarse en el cargo.

7. Poner un límite de 12 años para ejercer en una misma corporación pública, es decir, que una persona sea elegida como máximo por tres periodos en el Senado, en la Cámara, en la Asamblea, en el Concejo y en la JAL, esto con el fin de evitar atornillados en el poder.

Para que los anteriores mandatos sean aprobados —y al legislativo se le obligue tramitarlos— se requiere la participación de 12 millones de ciudadanos, asunto que preocupa si se tiene en cuenta los altos niveles de abstencionismo de los colombianos, la poca publicidad en los medios de comunicación y la estrategia de desprestigio y desinformación que ronda por las redes sociales.

Llama la atención que desde el Centro Democrático se opongan a la Consulta Anticorrupción, por ejemplo, Álvaro Uribe, que antes de las elecciones presidenciales había dado su apoyo a esta iniciativa, luego de posesionado su candidato manifestó no estar de acuerdo. Uribistas como Oswaldo Ortiz, excandidato al Senado, invita a no votar la Consulta porque, según él, los gastos para la realización de las votaciones son excesivos y porque esta convocatoria serviría como plataforma política para fortalecer la candidatura de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá. También, Ernesto Macías, presidente del Senado, ha dicho públicamente que es defensor del salario de los congresistas y no está de acuerdo con rebajarlo.

La corrupción es un asunto ético que pasa por la decisión individual y consciente de aprovecharse de los recursos públicos y de abusar del ejercicio del poder político, por eso, es normal que muchos políticos no estén de acuerdo con esta convocatoria a las urnas y, obviamente, la ataquen o no le hagan campaña. Frente a esto, la responsabilidad de sacar adelante los mandatos anticorrupción recae sobre los 36 millones de colombianos habilitados para votar. Marcando SÍ en cada una de las preguntas le daremos una lección a los políticos y obligaremos al Congreso a adoptar las medidas definidas por el pueblo. Una vez aprobados los mandatos, el reto es que el Congreso los tramite con prontitud y sin deformar el mandato original, además, un seguro que tiene las consultas populares es que, si en el plazo de un año el Congreso no reglamenta los mandatos, el Presidente de la República está obligado a decretarlos.

Un día después de realizada la Consulta contra la corrupción no va a desaparecer esa práctica criminal del territorio colombiano, sin embargo, es un avance el pronunciamiento del pueblo en las urnas y el mandato que se le envía al Congreso es una oportunidad para atacar la corrupción.

La invitación es a salir a votar masivamente el próximo 26 de agosto, convencer a los familiares, amigos y vecinos de la importancia de ejercer ese derecho, informarse bien, no dejarse engañar de las falsas cadenas que rotan por WhatsApp. El lugar de votación será el mismo donde se votó la última vez, es decir, donde votó las elecciones presidenciales, sin embargo, en la página web de la Registraduría puede verificar el puesto de votación.

Porque será la oportunidad de enviar un mensaje contundente a la clase política, porque es la expresión de la voluntad popular, porque se le ordenará al Congreso hacer unas reformas que garanticen la transparencia en el ejercicio del poder público y, porque llegó la hora de poner en cintura a los corruptos, este 26 de agosto, sin dudarlo, marque 7 veces SÍ.

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Daniel Restrepo Cano
Colombia. Estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

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